Agresión sexual en propiedad ajenaMuchas veces tiene 10 años, no dos.

Ley revisada: 11 de noviembre de 2026 (Código de Procedimiento Civil, sección 340.16, en su versión actualizada el 1 de enero de 2026).

Esta página es para sobrevivientes que tenían 18 años o más cuando ocurrió la agresión, ya sea en un hotel, un apartamento, una tienda, un bar, un gimnasio u otro negocio, o por un guardia o empleado de allí. Si ocurrió antes de los 18 años, se aplican otras reglas (Código de Procedimiento Civil, sección 340.1), y nuestra página sobre abuso sexual escolar las explica.

El plazo para demandar

La mayoría de las demandas por lesiones en California deben presentarse dentro de los dos años siguientes a la lesión (Código de Procedimiento Civil, sección 335.1). Algunos reclamos tienen más tiempo. Para una agresión sexual que ocurrió cuando la persona sobreviviente tenía 18 años o más, el plazo para demandar es el que venza más tarde: 10 años desde el último acto o tres años desde que la persona descubrió, o razonablemente debió descubrir, la lesión (sección 340.16). El reclamo propio de un menor por sus lesiones contra un dueño privado generalmente no corre mientras el menor tenga menos de 18 años (sección 352). Las fechas de cada caso debe calcularlas un abogado.

Nuestra guía de plazos en casos de seguridad negligente reúne los demás plazos de estos casos, y la calculadora de plazos cuenta los dos años generales.

El texto de la ley

En cualquier acción civil para recuperar daños sufridos como resultado de una agresión sexual, cuando la agresión ocurrió en o después del cumpleaños número 18 del demandante, el plazo para iniciar la acción será el que venza más tarde de los siguientes: (1) Dentro de los 10 años desde la fecha del último acto, intento de acto o agresión con la intención de cometer un acto de agresión sexual contra el demandante. (2) Dentro de los tres años desde la fecha en que el demandante descubre o razonablemente debió descubrir que una lesión o enfermedad resultó de un acto, intento de acto o agresión con la intención de cometer un acto de agresión sexual contra el demandante.

Código de Procedimiento Civil, sección 340.16(a) (traducción nuestra)

Según la sección 340.16(a), los 10 años se cuentan desde "la fecha del último acto" (traducción nuestra), así que cuando hubo más de un acto, el plazo empieza con el último. Los tres años se cuentan desde que la persona descubrió, o razonablemente debió descubrir, que una lesión o enfermedad resultó de la agresión. Manda la fecha que venza más tarde.

Reclamos contra dueños y negocios

El plazo más largo del Código de Procedimiento Civil, sección 340.16, no se limita al agresor. La sección 340.16(b)(2) dice que no limita las acciones permitidas, "incluidas las acciones contra personas o entidades distintas de la persona acusada de cometer el delito" (traducción nuestra). Por eso el mismo plazo puede aplicarse a un reclamo contra un hotel, un landlord, un manager, una empresa de seguridad u otro negocio cuya negligencia hizo posible la agresión. Aquí, "agresión sexual" significa los delitos del Código Penal, secciones 243.4, 261, 264.1, 286, 287 y 289, y dos secciones anteriores, la agresión con intención de cometerlos y los intentos (sección 340.16(b)(1)).

Sin necesidad de un caso penal

Un reclamo civil por agresión sexual según el Código de Procedimiento Civil, sección 340.16, no depende de un caso penal. La sección 340.16(b)(2) dice que "no es necesario que se haya iniciado un proceso penal u otro procedimiento como resultado de la agresión sexual" (traducción nuestra), y si se inició uno, no tiene que terminar en una condena. Una persona cuya denuncia no llevó a cargos conserva el plazo civil. El plazo civil no se detiene por un caso penal pendiente. Nuestra guía sobre el caso penal, CalVCB y su reclamo civil explica cómo.

Ventanas de reactivación con fechas

El Código de Procedimiento Civil, sección 340.16(b)(3), reactivó los reclamos basados en una agresión sexual ocurrida el 1 de enero de 2009 o después, cuando la persona sobreviviente era adulta, que habían vencido solo porque se acabó el plazo. Según la ley, esos reclamos reactivados "pueden iniciarse hasta el 31 de diciembre de 2026" (traducción nuestra). Una segunda ventana, en la sección 340.16(e), va del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027. Reactiva los reclamos por agresión sexual a adultos que vencieron antes del 1 de enero de 2026 porque se acabó el plazo, contra una entidad que "participó en un encubrimiento o intentó encubrir un caso anterior o acusaciones de agresión sexual" (traducción nuestra) del mismo agresor, y contra el agresor. La segunda ventana no reactiva reclamos contra una entidad pública (sección 340.16(e)(7)(C)), y un reclamo contra una entidad pública además requiere un reclamo por escrito ante el gobierno, en general dentro de seis meses (Código de Gobierno, sección 911.2). Estas fechas se revisaron contra la ley el 11 de noviembre de 2026; si un reclamo concreto califica es una pregunta para un abogado.

Estado de cada ventana

Al 11 de noviembre de 2026, la fecha en que se revisó esta página, la ventana del Código de Procedimiento Civil, sección 340.16(b)(3), está abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. Después del 31 de diciembre de 2026, la ventana de la sección 340.16(b)(3) queda cerrada, y los plazos de 10 años y de tres años de la sección 340.16(a) siguen vigentes. Ninguna ventana reactiva un reclamo ya resuelto en forma definitiva en una corte, o en un acuerdo escrito, antes del 1 de enero de 2023 (primera ventana) o del 1 de enero de 2026 (segunda).

Reclamos por encubrimiento

La ventana del Código de Procedimiento Civil, sección 340.16(e), alcanza a una entidad solo si la demanda alega que participó en un encubrimiento. La ley define encubrimiento como "un esfuerzo concertado para ocultar pruebas relacionadas con una agresión sexual que incentiva a las personas a guardar silencio o impide que la información sobre una agresión sexual se haga pública o se revele al demandante, incluido, entre otros, el uso de acuerdos de no divulgación o de confidencialidad" (sección 340.16(e)(5)(A), traducción nuestra). Una "entidad" allí es un negocio u otra entidad legal privada, "distinta de una entidad pública" (sección 340.16(e)(5)(B)).

Reclamos por propiedad pública

El plazo de 10 años no elimina el paso del reclamo ante una entidad pública. Si una ciudad, un condado, el Estado, un distrito escolar, una agencia de transporte público u otra entidad pública puede ser responsable, primero hay que presentar un reclamo por escrito a esa entidad dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que nace el reclamo (Código de Gobierno, sección 911.2). La demanda contra la entidad tiene después su propio plazo: seis meses después de que se entrega o se envía por correo un aviso de rechazo por escrito, o dos años desde la fecha en que nació el reclamo si no se da aviso por escrito (Código de Gobierno, sección 945.6). El Código de Gobierno, sección 905(m), exime de ese paso los reclamos por agresión sexual infantil, pero no los de una agresión a un adulto. Si pasan los seis meses, se puede pedir permiso para presentar un reclamo tardío dentro de un año según el Código de Gobierno, sección 911.4, y no se concede de forma automática.

Responsabilidad del dueño y del negocio

La instrucción al jurado de California sobre delitos en una propiedad, CACI No. 1005 (edición de 2026), dice que el arrendador (landlord) o el dueño de un negocio abierto al público "debe usar cuidado razonable para proteger" a inquilinos, huéspedes o clientes "de la conducta criminal de otra persona en" la propiedad "si el [dueño/arrendador] puede anticipar razonablemente esa conducta" (traducción nuestra). Si ese deber existe lo decide el juez; si las medidas que tomó el dueño fueron "adecuadas y razonables según las circunstancias" lo decide el jurado.

El texto está en las instrucciones al jurado de 2026. En un caso de agresión sexual, las preguntas suelen ser quién controlaba las llaves y las puertas, qué sabía el dueño antes de la agresión y a quién puso en una posición de confianza. Nuestra página de responsabilidad de la propiedad trata la ley general, y la página de seguridad negligente explica este deber en cada lugar.

Control de llaves y cerraduras

El control de llaves es quién puede abrir una puerta: las llaves y tarjetas de un hotel, las llaves maestras del personal, las llaves y llaveros electrónicos de un apartamento, y las cerraduras del vestíbulo y del estacionamiento. Los hoteles tradicionalmente han debido proteger a sus huéspedes. En O'Hara v. Western Seven Trees Corp. (1977), la Corte de Apelaciones señaló que "un posadero tenía el deber de proteger a sus huéspedes" (traducción nuestra). Para la vivienda en renta, el Código Civil, sección 1941.3, exige un cerrojo de seguridad que funcione en cada puerta principal de una unidad, seguros en las ventanas y cerraduras en las puertas exteriores que dan a las áreas comunes. Una cerradura rota que el dueño conocía es una prueba fuerte, aunque hay que mostrar que importó. Nuestra guía sobre agresiones en hoteles y moteles da más detalle.

Incidentes previos y advertencias al dueño

Lo que el dueño sabía antes de la agresión suele decidir cuánto tenía que hacer. En Ann M. v. Pacific Plaza Shopping Center (1993), un caso sobre una violación en un centro comercial, la Corte Suprema de California decidió que la previsibilidad necesaria para exigir guardias de seguridad "rara vez, si acaso alguna, puede probarse sin incidentes previos similares de delitos violentos en la propiedad del dueño" (traducción nuestra). Las medidas más baratas requieren menos. En Kwaitkowski v. Superior Trading Co. (1981), una inquilina violada en un vestíbulo mal iluminado con la cerradura de la puerta principal rota pudo seguir con su reclamo tras un ataque anterior a otro inquilino y varias quejas. La corte dijo que "una cerradura de la puerta principal que funcione bien es una primera línea de defensa vital" (traducción nuestra).

Peligros ocultos y falsas promesas

Un dueño que conoce un peligro concreto y lo oculta puede responder por ese silencio. En O'Hara v. Western Seven Trees Corp. (1977), los dueños de un complejo de apartamentos sabían que un hombre había violado a varias inquilinas. Le dijeron a una nueva inquilina que el lugar era seguro y que lo patrullaban guardias, no le advirtieron, y el mismo hombre la violó. La Corte de Apelaciones permitió que sus reclamos siguieran adelante y explicó que la responsabilidad por no advertir se basaba en la "posición de conocimiento superior" de los dueños y en sus "supuestas declaraciones falsas" (traducción nuestra), no solo en su control de las áreas comunes. Conviene guardar toda promesa escrita de guardias, portones o patrullas.

Empleados y guardias de seguridad

Un dueño o negocio también puede responder por las personas que pone en una posición de confianza. En Hawkins v. Wilton (2006), la Corte de Apelaciones dijo que el empleador de un guardia de seguridad puede ser responsable de las agresiones del guardia si lo contrató de forma negligente o lo puso de forma negligente en una posición para causar daños previsibles. Una empresa de seguridad que se compromete a proteger una propiedad puede ser responsable si no usa cuidado razonable al hacerlo, una teoría llamada compromiso negligente (negligent undertaking, CACI No. 450C). Si el empleador también responde simplemente por haber empleado al agresor, lo que se llama responsabilidad indirecta (vicarious liability), depende de si el acto estaba dentro del alcance del trabajo, y un abogado debe revisar esa pregunta según los hechos de cada caso. Hay más en nuestra guía sobre guardias y empresas de seguridad.

Pruebas que desaparecen

Algunas pruebas de lo que sabía el dueño pueden desaparecer. Los sistemas privados de cámaras guardan el video solo mientras lo permita la configuración del dueño, y ninguna ley de California obliga a un dueño privado a guardarlo. Los registros de tarjetas, llaveros electrónicos y puertas pueden mostrar si una puerta estaba cerrada, abierta con algo o falló, y si una tarjeta que debía estar desactivada aún funcionaba; también se borran según la configuración del sistema. Una petición por escrito para conservarlos se envía pronto al dueño, al manager y a cualquier proveedor. Nuestra lista de pruebas para casos de seguridad negligente indica qué pedir. No se comunique con el agresor ni con la propiedad para reunir pruebas.

Un primer contacto confidencial

El formulario de esta página pide un nombre que usted elija, un teléfono o un correo electrónico, y si es seguro llamar y a qué hora. Todo lo demás es opcional, y no tiene ningún espacio para describir lo que pasó. No hace falta describir nada para preguntar sobre plazos, privacidad o costos. Comunicarse con Wise Law no inicia una demanda ni avisa a la propiedad, al agresor ni a nadie más; nada se presenta hasta que usted lo decida.

Uso de seudónimo en la corte

Una persona sobreviviente que presenta una demanda puede usar un seudónimo como Jane Doe, pero solo si una corte lo permite. En Department of Fair Employment and Housing v. Superior Court (2022), la Corte de Apelaciones decidió que, antes de que una parte use un seudónimo, "la corte de primera instancia debe celebrar una audiencia y aplicar la prueba del interés preponderante" (traducción nuestra). Quien participa en Safe at Home, el programa de domicilio confidencial de la Secretaría de Estado, puede presentarse como Jane Doe o John Doe según el Código de Procedimiento Civil, sección 367.3. Safe at Home atiende en el (877) 322-5227. Un abogado plantea la pregunta antes de presentar cualquier cosa, y nadie puede prometer la respuesta.

Líneas de apoyo y servicios

Una línea de crisis no depende de un abogado ni de una demanda. La Línea Nacional de Agresión Sexual, 800-656-4673, atiende las 24 horas, según la lista de la Oficina de Prevención de la Violencia del Condado de Los Ángeles. Peace Over Violence tiene una línea 24/7 para casos de violación y maltrato en Los Ángeles, en inglés, español y lenguaje de señas americano, en el 213-626-3393, el 310-392-8381 o el 626-793-3385. La Junta de Compensación para Víctimas de California (CalVCB) puede pagar algunos gastos después de un delito, incluido el tratamiento de salud mental o la consejería, y hay que devolverle lo pagado si luego se recupera dinero por los mismos gastos. Ninguno de estos servicios es parte de Wise Law.

Fuentes citadas

• Código de Procedimiento Civil, sección 340.16 (actualizada el 1 de enero de 2026): california.public.law
• Código de Procedimiento Civil, sección 335.1: california.public.law
• Código de Procedimiento Civil, sección 352: california.public.law
• Código de Procedimiento Civil, sección 340.1: california.public.law
• Código de Gobierno, sección 911.2: california.public.law
• Código de Gobierno, sección 945.6: california.public.law
• Código de Gobierno, sección 905: california.public.law
• Código de Gobierno, sección 911.4: california.public.law
• Instrucciones civiles al jurado del Consejo Judicial de California (CACI), edición de 2026, Nos. 450C y 1005: courts.ca.gov
• Código Civil, sección 1941.3: california.public.law
• Ann M. v. Pacific Plaza Shopping Center (1993) 6 Cal.4th 666: CourtListener
• Kwaitkowski v. Superior Trading Co. (1981) 123 Cal.App.3d 324: CourtListener
• O'Hara v. Western Seven Trees Corp. (1977) 75 Cal.App.3d 798: CourtListener
• Hawkins v. Wilton (2006) 144 Cal.App.4th 936: CourtListener
• Department of Fair Employment and Housing v. Superior Court (Corte de Apelaciones de California, Sexto Distrito, 5 de agosto de 2022, No. H048962): CourtListener
• Código de Procedimiento Civil, sección 367.3: california.public.law
• Secretaría de Estado de California, Safe at Home: sos.ca.gov
• Oficina de Prevención de la Violencia del Condado de Los Ángeles, líneas de crisis de 24 horas: publichealth.lacounty.gov
• Peace Over Violence: peaceoverviolence.org
• Junta de Compensación para Víctimas de California, gastos cubiertos: victims.ca.gov
• Junta de Compensación para Víctimas de California, responsabilidad de reembolso: victims.ca.gov